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Cooperación entre AECID y el Consejo de la Judicatura facilitará la repotenciación de Cámaras Gesell en 12 provincias
Viernes, 11 de Marzo de 2022 12:02

Para verificar los avances de esta y otras acciones relacionadas con el cumplimiento de los derechos de mujeres y niñas víctimas de violencia, el 10 de marzo de 2022, el Pleno del CJ mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la AECID.

 

En la reunión participaron el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, los Vocales, Juan José Morillo, Maribel Barreno, el Director General del CJ, Santiago Peñaherrera Navas, el Director Provincial de Pichincha, Diego Terán, la Directora de Acceso a los Servicios de Justicia, Solanda Goyes, el Jefe del Departamento de Cooperación de la AECID, Sergio Colina Martín y la Subdirectora Nacional de Género, Margarita Carranco.

 

El Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, destacó las acciones implementadas para prevenir y sancionar la violencia de género. Aseguró que los proyectos institucionales relacionados con esta temática se basan en un modelo de atención no revictimizante que incluye el fortalecimiento del talento humano; la ampliación de la cobertura judicial; y, la formación especializada de los operadores de justicia.

 

El Plan para el equipamiento y repotenciación de Cámaras Gesell es parte del proyecto Disminución de la impunidad y revictimización en la investigación y sanción judicial de casos de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, a través de la capacitación especializada de funcionarios judiciales y dotación de equipamiento para la práctica efectiva de la prueba testimonial en Ecuador.

 

Este proyecto se desarrolla, desde septiembre de 2020, en el marco de la cooperación que el CJ mantiene con ese organismo internacional.

 

El CJ y la AECID han identificado 20 Cámaras de Gesell que requieren la adquisición, instalación, configuración e interacción en funcionamiento simultáneo de equipos de audio, video, grabación y protección, para ello se analizaron varios criterios, entre ellos: los índices de violencia, la carga procesal de las unidades judiciales y la población que se atiende en cada espacio territorial.

 

 

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